Las personas con discapacidad intelectual reivindican su derecho al voto

Las asociaciones critican que los jueces incapacitan de forma automática para el sufragio.
Noticia original del diario Público
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Documentación incapacitación y tutela

Isabel Bel tiene síndrome de Down y cumplirá 22 años unos días antes de los próximos comicios del 22 de mayo. Pero no podrá meter su sobre en la urna porque el juez que la ha incapacitado parcialmente a instancias de sus padres "para protegerla" también ha dictaminado que no está capacitada para votar. Isabel sabe leer y escribir y cada día coge sola el autobús desde su pueblo, Almacelles, hasta Lleida, donde asiste a los cursos de la Asociación Down de la provincia.

El caso de Isabel no es aislado. Miles de personas con discapacidad intelectual tienen negado el derecho al voto, a pesar de que la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, ratificada por España en 2007, establece que estas personas tienen el mismo derecho a votar que el resto de ciudadanos.

Precisamente hace unos días, la Audiencia de Guipúzcoa dictó una sentencia pionera en que reconoció el derecho al voto de un joven con síndrome de Down de 27 años. (leer aquí)
Unos meses después, su madre solicitó su incapacitación parcial. Esta opción judicial la escoge la mayoría de familiares de personas con discapacidad intelectual para protegerles, por ejemplo, de algún timo que les deje la cuenta bancaria a cero.
Históricamente, las familias les aplicaban la incapacidad jurídica total y se convertían en sus tutores. Los tiempos han cambiado y las asociaciones que representan a las personas con discapacidad intelectual reclaman un nuevo modelo en el que se potencia su autonomía.

Pese a que la madre de Isabel afirma que acordó con la fiscal que incapacitarla parcialmente no eximiría a su hija del derecho de sufragio, el juez no lo vio de la misma forma. "Desde pequeña, tenía ganas de votar, yo le explicaba las opciones, ella conoce a los candidatos y acabó votando a quien quiso" en 2007, explica la madre. Sin embargo, Isabel no pudo votar el año pasado en las autonómicas y si el juez no revoca su incapacidad, tampoco podrá hacerlo dentro de dos meses. Su madre recurrirá la decisión.

La Ley Electoral establece que sólo una sentencia firme puede eximir de este derecho a una persona. "Muchas sentencias de incapacidad retiran el derecho al voto, pero esa negativa no puede existir", reivindica el gerente de Down España, Agustín Matía. "La Convención establece que se deben determinar qué apoyos necesitan estas personas para votar. Se trata de hacer accesible el conocimiento", añade. Por ejemplo, se deben adecuar los materiales a las necesidades de estas personas, aumentando el tamaño de la letra y redactando los mensajes de forma más comprensible.

"¿Todo el mundo que vota está capacitado para ello, conoce los programas y reflexiona a fondo? Si estableciéramos ese criterio sólo tendrían ese derecho los catedráticos universitarios", plantea crítico Matía.

El vicepresidente de la Confederación en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS), Mariano Casado, denuncia que "los jueces impiden el derecho al sufragio de forma automática al dictaminar la incapacitación". Casado recuerda que recientemente la Fiscalía ha dado instrucciones a los fiscales "para que no actúen de forma automática y analicen los casos más concienzudamente". "En muchos casos sí están capacitados para votar y se debe respetar que son ciudadanos de pleno derecho", agrega.

"Claro abuso de los jueces"

La experta en la aplicación del Convenio de Derechos Humanos del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad, Ana Sastre, insiste en que existe "un claro abuso de los jueces" a la hora de dictaminar la incapacidad en el voto.

Esta forma de actuar también afecta a las personas con enfermedad mental. "¿Hasta qué punto una persona con cierta incapacidad puede votar o no? La mayoría vive el 80% de su tiempo con normalidad", plantea el presidente de la Confederación de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Valencia, Julián Marcelo. "Es una incapacidad más social que personal", denuncia.